Sobre el sistema de representación proporcional.Óscar Sánchez Vega

Los males que aquejan a la nación española son muchos y complejos. El más importante: la anunciada vuelta a las armas de los impresentables de siempre; detrás, como si fuera un artefacto de efectos retardados, la reforma de los estatutos de autonomía; a continuación la inmigración, la vivienda, la educación, la sanidad etc. Todos ellos son problemas materiales susceptibles de ser abordados de forma muy diferente y, a menudo, con más acierto de lo que ha hecho y hace el actual gobierno. Pero entiendo que todo aquel que quiera orientarse en esta selva puede encontrar abundantes referencias y análisis en la prensa tradicional y digital. Así pues el tema que me dispongo a abordar esta motivado porque no lo encuentro suficientemente tratado en mis lecturas habituales y cuando aparece no lo hace en los términos que considero oportunos. Se trata de una cuestión formal: la reforma del sistema electoral. Los movimientos políticos más interesantes del presente, el Partido de los Ciudadanos y el Proyecto de Savater y cia, insisten, por un lado, en la necesidad de un sistema electoral que devuelva a su justa dimensión la decisiva influencia de los partidos nacionalistas para que no condicionen de manera tan decisiva la política del gobierno de la nación y, por otro lado, en la necesidad de las listas abiertas para que elector pueda elegir a los que van a ser sus representantes. Ambas medidas son positivas, pero insuficientes. Lo bueno de los incipientes partidos es que no deben pleitesía a los poderes establecidos, no están hipotecados por la concesión de viejas prebendas y deberían tener el coraje de plantear reformas de mayor calado.

Pretendo considerar la cuestión de las listas abiertas. Los partidos que concurren a las elecciones presentan ante el electorado una serie de listas cerradas, formadas por personas de probada fidelidad a los dirigentes del partido –a menudo temo que esta sea su única virtud- que los ciudadanos nos limitamos a ratificar. “Lo tomas o lo dejas” parecen decirnos. No es de extrañar que cada vez más potenciales votantes “lo dejen”, como prueba la creciente abstención en las últimas elecciones municipales. El despotismo manifiesto de esta situación motiva que muchos clamen por las listas abiertas, para devolver la legitimidad democrática al proceso electoral. El problema es que la medida propuesta apenas toca la superficie del problema y creo que es totalmente inocua. 

Para plantear este asunto de manera adecuada debemos proceder como cuando contemplamos una pintura impresionista: se impone un paso atrás, para ampliar la perspectiva y observar el objeto a la distancia requerida. El sistema electoral no es más que una pieza de un basto engranaje que requiere una profunda reforma. Se supone que una democracia liberal se sustenta sobre la división de poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Buena parte de los problemas políticos derivan de que está necesaria separación, esencia de la democracia, no se da. La reforma de la Constitución debería orientarse de forma prioritaria a lograr este objetivo. No me aparto del asunto planteado ni un ápice pues no es posible determinar cual es el mejor sistema de elección de representantes si no tenemos clara la función de los diputados. El problema actual es que el parlamento carece de funciones pues no hay una separación de poderes: el partido que gana las elecciones elige al presidente y controla la cámara legislativa, de tal forma que el líder del partido ganador controla el poder legislativo y el ejecutivo.  Si no hay mayoría absoluta la situación no cambia sustancialmente: dos o más partidos se coaligan en defensa de sus intereses partidarios y controlan la totalidad del estado de igual modo. Todo es una comedia, una ficción de dudoso gusto: el líder elige qué medidas va tomar el gobierno, se somete a un control ficticio de un parlamento controlado por su partido y si tiene suerte, porque toca, puede nombrar a la mayor parte de los miembros del Consejo General del poder Judicial y del Tribunal Constitucional, para que juzguen, si fuera el caso, su acción de gobierno; y si no puede tanto, al menos, nombra al fiscal general del estado para que hostigue o deje de hostigar a los agentes políticos que en cada momento puedan interesar. ¿Dónde está entonces la separación de poderes? 

Centrémonos en la función de los diputados. ¿A quién deben lealtad nuestros representantes? En teoría a los representados, de los que son sus portavoces ¿Y en la práctica? A los jefes del partido que los han incluido en las listas electorales. Todo su futuro político depende de esta fidelidad, muy por encima de la lealtad que se les supone hacia los electores. Todos ellos participan en una ficción, que por cierto es gravosa para el contribuyente. ¿No sería mejor que se reunieran los jefes de los partidos y, conforme a una cuota establecida en unas elecciones, decidieran acerca de todos los asuntos políticos que afectan al país? ¿qué diferencia habría? al menos sería evidente que “el rey está desnudo” y no hay separación de poderes. El líder del partido con una cuota de poder mayor formaría el gobierno y haría como si se sometiera a su propio control en el parlamento. La situación actual no es esencialmente diferente; con más teatro y más costosa, pero básicamente igual. La clave es que los “representantes” no representan a nadie y carecen de legitimidad democrática; si fuera de otra manera todos los ciudadanos sabríamos quién es nuestro representante en el parlamento y le podríamos pedir cuentas por lo que ha votado o dejado de votar, o por sus ausencias injustificadas etc. Pienso que, en cierta medida, a nuestros “representantes” les han asignado una función que no les atañe y, por otro lado, les privan de las funciones que les corresponden. Lo que hacen de más, según mi punto de vista, es elegir al presidente de gobierno. Tomarse en serio la separación de poderes implica defender que el presidente del gobierno –me atrevería a decir que el jefe del estado- debe elegirse por sufragio directo, a doble vuelta, por el conjunto de los ciudadanos. Todo lo demás es una tarea que es hurtada a los diputados, pues con el sistema vigente, no cabe llamarse a engaño, no son más que máquinas de votar conforme a las directrices del líder del partido. También es muy valorada la capacidad para abuchear o patear en el suelo cuando tiene la palabra un diputado del grupo rival. Cualquier otra virtud puede ser prescindible y hasta puede resultar peligrosa e incómoda. Sin embargo, es fundamental para una democracia que los diputados realicen de la mejor manera posible el trabajo que deberían tener encomendado: controlar, de veras, las decisiones del ejecutivo y legislar las leyes de la nación, las cuales todos, y especialmente el gobierno, debemos acatar. 

La cuestión es tan grave que no se arregla con listas abiertas, pues ya sea con listas abiertas o cerradas, el líder del partido decide quién puede ir o no en las listas. Además dondequiera que se dispone de algún tipo de mecanismo para personalizar candidatos, como en Italia, los electores desprecian en la práctica esa opción. Sin ir más lejos los españoles disponen de listas abiertas para el Senado, pero es muy escaso el número de ciudadanos (seguramente no llega a un dos o tres por ciento) que opta por seleccionar candidatos de distintas fuerzas políticas, o que cambia la colocación preferencial en las listas. No solucionan nada por tanto las listas abiertas, es preciso una reforma radical, casi una revolución, un nuevo sistema electoral que acabe con la Partitocracia imperante. 

Por suerte no hay que cavilar demasiado, no hay que recurrir a una utópica democracia asamblearia, ni a nada similar. Ya lo decía Unamuno: “¡Qué inventen ellos!”. La democracia representativa es un invento francés y norteamericano y han tenido tiempo de perfeccionar el artificio durante siglos. Una reforma radical del sistema electoral pasaría por sustituir el sistema proporcional imperante por el sistema uninominal de distrito único semejante al vigente en Francia, EEUU o Gran Bretaña. 

En el actual sistema los diputados están adscritos a una provincia, de tal forma que los partidos políticos se reparten la representación de manera proporcional al voto recibido. El elector no elige diputados. Vota a uno de los partidos estatales, para que de las urnas salga la cuota que le debe corresponder en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial y en los consejos de administración de las empresas estatales – como las cajas de ahorro-. Nada más. El resto es una pura ilusión. 

En un sistema de elección uninominal, el estado se divide en pequeños distritos electorales – de cien o ciento cincuenta mil habitantes- donde se elige al representante de los ciudadanos por mayoría absoluta, a doble vuelta, de tal forma que todos saben quién es su representante y le pueden pedir cuentas y castigar convenientemente en futuras elecciones si fuera preciso. Pero lo fundamental es que el representante también lo sabe y debe ajustar su conducta a lo que los votantes esperan de él. Su lealtad no es ahora para el jefe del partido sino para los electores que tienen en sus manos el futuro político del diputado. El sistema de representación uninominal, mayoritario en los países anglosajones, es preferible no tanto porque genera mayorías parlamentarias estables que reflejan la opción política dominante –que también- , sino porque potencia el sentido de responsabilidad política tanto entre la clase de los representantes como entre los ciudadanos en general. 

Si los nuevos partidos -o los viejos- se nos presentan bajo la bandera de la regeneración democrática debemos exigirles que vayan mucho más allá de las listas abiertas. El sistema electoral de representación proporcional ha generado la corrupta partitocracia en la que estamos inmersos y una reforma parcial no arregla un sistema que nace viciado de raíz.