Tres razones y un lamento

Lo que sigue es el texto de un artículo que me publicaron en "El Heraldo de Soria" el pasado 17 de septiembre. Seguramente no añade nada a lo que ya he dicho en otras ocasiones, y más bien, dado el espacio limitado en el que ha de contenerse un artículo periodístico, adolece de un desarrollo que clarifique el asiento argumentativo. Por otro lado, algunas afirmaciones, reducidas a una existencia sucinta, necesitarían de la explicitación de un fundamento aquí invisible. No obstante, es lo que hay, y, como actualmente estamos inmersos en una discusión sobre el tema, aquí lo dejo para que lo despedacéis.

Tres razones y un lamento

Es difícil intervenir en una discusión en la que se ha asumido de antemano cuál es la posición correcta. Eso es lo que he sentido buena parte de las veces que he intentado desarrollar los argumentos que razonablemente se oponen a la impartición en el sistema educativo de una asignatura como “Educación para la Ciudadanía”. Muchas veces, al comenzar a exponer mi posición al respecto, he experimentado la certeza de que ya no había sitio para el razonamiento, sino únicamente para el dogma. He tenido que soportar que me llamaran “facha”, que me llamaran “reaccionario”, que me acusaran de ser vocero de algún partido político, de alguna radio o de no sé qué fantasmas del pasado. Mi voz y mis más o menos acertadas dotes para la argumentación han sido sepultadas bajo un cúmulo de etiquetas y prejuicios que, de antemano, habían declarado ya el juicio visto para sentencia. Quisiera solamente, aprovechando el silencio del papel, poder presentar algunas de esas razones. Quisiera, sobre todo, frente a los deslumbrantes absolutos de la política, propiciar que se abriera paso la luz leve del escepticismo. Procuraré ser breve y ofrecer una modesta nómina de objeciones que creo razonable no acallar.

1- En primer lugar, despejemos un equívoco: la EpC no tiene nada que ver con la reflexión ética. No presenta un repertorio de problemas o concepciones morales que inciten a la reflexión y, por lo tanto, promuevan la formación intelectual y moral de los alumnos. No contiene apenas atisbo de consideración ética de problemas y posiciones, sino que ofrece un repertorio establecido de soluciones. Lejos de promover la reflexión moral, cancela su posibilidad presentando una moral definitiva y necesaria que es preciso compartir para aspirar a ser considerado ciudadano. Creo que cualquier consideración medianamente objetiva ha de reconocer que, en caso de pretender reforzar la presencia del pensamiento crítico y la reflexión ética, el legislador hubiera podido aumentar la presencia horaria de asignaturas como “Ética”; lejos de ello, con la reforma en marcha, esta asignatura ha sido troceada y casi completamente erradicada.

La EpC, en definitiva, se configura como un solucionario que omite la problematicidad de la discusión moral para poner en su lugar –tal y como confiesa la ley- la aceptación de posturas morales.

2- Una segunda objeción se refiere a la potestad del estado para establecer una moral oficial de aprendizaje obligatorio. Muchos consideran que la EpC contiene preceptos morales adecuados, y que, por ello, no tiene que haber problema alguno en que todos los ciudadanos los compartan. Con esto, no obstante, se reitera una vieja práctica que alcanzó culminación en los estados totalitarios: el poder considera que, habiendo alcanzado una definitiva moral verdadera, está legitimado para imponerla a los individuos con el fin de salvarlos del error y de la inclinación hacia el mal. El estado, así constituido, no se limita a administrar las cosas y regular la convivencia, sino que se erige en guardián de las conciencias. Cabe señalar, además, que la introducción de una moral oficial en el sistema educativo, más que ahondar en el régimen de libertades que impulsó la constitución de 1978, establece una sospechosa semejanza con una clave de bóveda del despotismo franquista: la imposición de la moral de los vencedores –precisamente porque se consideraba la moral verdadera- sobre la totalidad de la sociedad española.

El problema de una moral oficial no es que sea verdadera o falsa, sino que es obligatoria.

3- Por último he de referirme a un problema fundamental que alienta detrás de la polémica: ¿Para qué ha de servir un sistema de educación pública? Desde hace años advertimos un desplazamiento significativo de los objetivos de la educación que desvirtúa su auténtico cometido al sustituir el conocimiento por la moralización. Desapareció la tarima, y en su lugar se ha levantado un púlpito desde el cual el profesor se concibe, antes que como encargado de proporcionar contenidos de conocimiento, como divulgador de materias y discursos edificantes. La EpC profundiza en ese camino, ya que consiste en poner moral donde podría haber desarrollo de conocimientos: no se trata de conocer la pluralidad de teorías éticas que han convergido en la tradición liberal europea, sino de ofrecer respuestas fáciles e inequívocas como si fueran las únicas moralmente válidas. La condición de ciudadano, tal y como surgió de la reflexión ilustrada, se refiere a aquel que, a través del conocimiento, es capaz de superar la culpable minoría de edad del ignorante, no a aquel que asume como fe la moral propugnada por el estado, por muy “buena” que ésta sea. La alternativa es sencilla, y puede resumirse en una polémica semejante que tuvo lugar en el imperio austríaco de los Habsburgo: ante la pregunta sobre la función de la educación, el emperador Francisco I, acérrimo enemigo del liberalismo y abanderado de la reacción en la Europa post-napoleónica, resolvió determinar que la universidad no había de servir al conocimiento, sino al único objeto de “formar buenos ciudadanos y súbditos dóciles”; se prohibió entonces la lectura de pensadores “peligrosos” como Kant y Hegel, y la universidad austríaca se vio condenada, por muchos años, a una esterilidad impotente.

Ante el imperativo de definir la función del sistema educativo en una sociedad libre hemos de responder sinceramente: ¿Queremos la esterilidad científica y especulativa que supone convertir escuelas y centros educativos en industrias de producción de buenos ciudadanos?