Ética y política constituyen ámbitos distintos, conviene no confundirlos: la noción de política apunta a la condición de ciudadano, tiene como fin la regulación de la vida pública; en cambio la ética o moral (a la vista de nuestro objetivo utilizaré ambos términos como sinónimos) regula la totalidad de la conducta humana, pero, especialmente, la vida privada. Los totalitarismos del siglo XX se han caracterizado, entre otras cosas, por un desbordamiento del ámbito político, es decir, por una invasión recurrente e injustificada de la vida privada de las personas en aras de ciertos ideales políticos. Por el contrario el liberalismo político, conforme a la teoría de Rawls, pretende separar el ámbito público, donde prevalece el sentido de la justicia, y el ámbito privado, donde se realizan determinadas concepciones de bien. La tesis de Rawls es que lo justo debe predominar sobre lo bueno, es decir, dado que existen diversas concepciones enfrentadas del bien, lo mejor es construir unas reglas básicas de justicia compartidas por todos. El Estado por tanto, no debe sostener una concepción particular sobre el bien. No exigirá a los ciudadanos que se pongan de acuerdo sino que se abstengan de prescribir a los demás cuáles deben ser sus concepciones sobre el bien. Los críticos del liberalismo reprochan a Rawls -con razón, pienso- que este planteamiento ha generado consecuencias indeseables, tales como: desintegración social, falta de compromiso colectivo, desmotivación política etc.
Por otro lado encontramos en Aristóteles un viejo programa filosófico que, por un lado garantiza la vida privada, al distinguir entre ética y política, pero por otro es capaz de establecer las conexiones necesarias a fin de que los valores éticos orienten de algún modo la acción política. Ambas, ética y política, apuntan a un fin común: la vida buena de los ciudadanos. Una política es buena si asegura las condiciones materiales mínimas que hacen posible la felicidad de los ciudadanos. Lo dice de un forma muy hermosa la Constitución americana al garantizar como un derecho inalienable de los ciudadanos la búsqueda de la felicidad - no la felicidad misma, que sería una conquista individual, esto es, ética -. Por otra parte una vida ética es inconcebible, para Aristóteles, al margen de la polis. Un sano egoísmo, preocupado ante todo por alcanzar la propia felicidad, es el que nos conduce hacia la acción y la vida política.
(I)
Sirva lo anterior como marco teórico de lo que sigue. La crisis económica en la que estamos insertos comenzó a finales del 2008 y todavía hoy, pese a lo que digan algunos, no se vislumbra el final del túnel. Es pues, por su profundidad y duración, una de las mayores crisis económicas del sistema capitalista en su ya larga historia. Quisiera hacer, este es el objetivo de estas líneas, una lectura ética de esta crisis política y económica que padecemos. Muy posiblemente una lectura tal no sea especialmente penetrante, seguramente la crisis queda mejor explicada desde las categorías económicas y políticas, pero entiendo que desde la ética se puede aportar algo.
En realidad, las lecturas o interpretaciones éticas de la crisis están muy difundidas y son muy habituales pero, muchas no inciden en una cuestión que considero fundamental. Comparto, sin embargo, otros puntos importantes. Podemos estar de acuerdo en que al menos una de las causas fundamentales de la crisis ha sido la codicia de las élites económicas y financieras de todo el mundo. También comparto la opinión de muchos cuando señalan que el problema no ha sido que las actuales élites sean especialmente corruptas, en comparación con las del pasado, sino que las circunstancias han cambiado, favoreciendo operaciones bursátiles y financieras especialmente insensatas y temerarias. No se trata, por tanto, de una casual degradación de la fibra moral de las clases dirigentes sino más bien que la laxitud de algunas normas han permitido todo tipo de desmanes. Discrepo, sin embargo, a la hora de señalar cuáles son las normas que han fallado y cómo se han de reforzar en el futuro. Muchos sostienen que la crisis ha sido posible por la escasa regulación y control del mercado por parte del Estado. El problema, dicen, es que los más grandes especuladores de Wall Street - y del resto del mundo- han campado a sus anchas, han hecho y deshecho a su antojo fuera del alcance del control de Estado o el Parlamento.
Llegado a este punto quiero recordar que no aspiro a formular ninguna explicación económica, ni siquiera a hacer una breve historia de la crisis, solo una lectura moral. La lectura habitual toma un punto de partida que comparto: la causa principal fue la codicia de la clase dominante. Donde discrepo es en contrafáctico, es decir, en las medidas que habría que haber tomado en el pasado y, lo que es más importante, habrá que tomar en el futuro para que algo semejante no se repita. Aquí el discurso de la izquierda política insiste en el control y la vigilancia: para evitar la codicia excesiva hay que vigilar, someter las conductas privadas a la vigilancia del Gran Hermano, establecer más normas, más reglamentos, más comisiones que impidan el afloramiento del egoísmo codicioso. Si este planteamiento fuera correcto sería de esperar que aquellas instituciones más “controladas” hubieran desarrollado una praxis más honesta, menos codiciosa, pero no ha sido así: las Cajas de Ahorros, sometidas a un mayor control público que los bancos privados no han desarrollado una práctica más honesta y prudente sino al contrario. Un mayor control estatal no genera comportamientos más honestos. Los ejemplos son muchos: todas las instituciones de los regímenes totalitarios estaban -y están- sometidas a un férreo control estatal lo que no impide en absoluto todo tipo de corruptelas y comportamientos fraudulentos.
Otra cosa son los mecanismos de contra-control de los que hablaba Skinner. Según el psicólogo americano si el poder no se limita mediante mecanismos de contra-control, es decir mediante respuestas por parte de los controlados, tiende a derivar en despotismo y tiranía. El contra-control a diferencia del control estatal es multifacético y se ejerce desde la ciudadanía, no desde las instituciones burocráticas del Estado. Skinner argumenta su tesis señalando que en aquellas instituciones donde es más difícil ejercer el contra-control (las que se dedican al cuidado de los niños, los ancianos, los prisioneros, los psicóticos y los "retrasados") son los espacios donde se han documentado más episodios de abuso de poder. El problema no es que estos controladores tengan una "fibra moral" peor que la de sus compañeros que trabajan en otras instituciones, sino la ausencia de contra-control.
(II)
Pues bien, si, como sostengo, un mayor control público no garantiza una mayor ética en las decisiones de las élites económicas y financieras ¿Cuál es la solución? A mi modo de ver el valor ético que habría que fomentar y formular jurídicamente de la mejor forma posible es la responsabilidad. La responsabilidad es simplemente hacerse cargo de las consecuencias que generan las acciones libres y conscientes. El problema moral más importante de esta crisis ha sido y está siendo la impunidad de los que hubieran debido pagar por sus vilezas.
Podemos y debemos distinguir entre distintos tipos de responsabilidad: moral, social, política y jurídica. No entraña la misma responsabilidad, por ejemplo, mentir al cónyuge que mentir ante un tribunal; pero lo que es inadmisible es que la distancia entre la responsabilidad moral y social, por un lado y la jurídica- ya sea civil o penal- por el otro, sea tan enorme como la que ha habido y hay en este país. Aquí todos sabemos quiénes han sido los responsables morales y sociales de la crisis, los cuales apenas han asumido responsabilidades políticas y en ningún caso responsabilidades jurídicas. Otros países, como Islandia, han procedido de manera muy distinta exigiendo responsabilidades políticas a los dirigentes y responsabilidades jurídicas -civiles y penales- a los banqueros.
Cuando propongo que el valor ético a promocionar es la responsabilidad lo que defiendo es acortar las distancias entre responsabilidad moral y jurídica, es decir, modificar el marco legal de tal modo que deban responder ante la justicia aquellos que, consciente y libremente han puesto en peligro la estabilidad del sistema financiero o los ahorros de toda una vida de los pensionistas. Si esta conexión hubiera estado firmemente establecida desde un principio la codicia de los especuladores y los banqueros hubiera encontrado un freno en el miedo a las posibles consecuencias.
Temo que no hay que ser un psicólogo muy sutil para detectar los motivos e intenciones que guían las decisiones económicas de todos los ciudadanos y especialmente, de los grandes inversores que son a fin de cuentas los únicos que en sentido estricto toman decisiones dignas de considerar desde un punto de vista macroeconómico. Thomas Hobbes ya las había detectado en el siglo XVII: el miedo y la codicia. Un sentimiento, una inclinación, se combate con otro. La mejor manera de combatir la codicia es mediante el miedo; el miedo a las consecuencias que acarrean las decisiones equivocadas. Este y no otro es el mecanismo que mueve a la Bolsa: las acciones suben o bajan, no por una consideración racional de la economía de un país o de una compañía en particular, sino simplemente en función del balance codicia/miedo, cuando la codicia es más fuerte que el miedo las acciones suben, en caso contrario bajan. La racionalidad aquí apenas juega papel alguno. Durante años los españoles - no solo la clase dirigente - invirtieron sus ahorros y se endeudaron en propiedades inmobiliarias que se revalorizaban un 20% año tras año ¿Por qué? ¿Por una estimación racional del valor de este producto? En absoluto. Simplemente porque no había miedo a que se depreciaran, pero cuando su valor en el mercado estaba ya muy encima del valor real, apareció el miedo y los precios cayeron en picado.
¿Hay una enseñanza moral en todo esto? Yo creo que sí. El miedo es un factor que debe estar presente en la vida económica de un país como contrapeso a la codicia. Pero el miedo, por si solo, no es un valor, no es algo digno de estimación. Lo que es un valor es la responsabilidad y lo que significa es que debemos apechugar con las consecuencias de nuestros actos: cuando hacemos lo correcto - en cualquier orden de la vida: afectivo, moral, político, económico- merecemos recibir las recompensas oportunas y cuando conscientemente actuamos de manera impropia deberíamos sufrir de igual modo las indeseables consecuencias. Lo que es del todo inmoral es privatizar los beneficios de la especulación, por ejemplo, y socializar las pérdidas. Desde el punto de vista ético una diferencia fundamental entre la crisis del 29 y la actual es que en la anterior cientos de grandes empresarios e inversores se suicidaron, acabaron con su vida ante la imposibilidad vital de hacer frente a sus responsabilidades. En la actualidad… ¿conocemos algún banquero o especulador que se haya suicidado? ¿Cuántos están en la cárcel pagando por sus errores?
(III)
El declive de la responsabilidad personal va parejo, naturalmente, al reconocimiento de las personas jurídicas no físicas: compañías, corporaciones, sociedades anónimas y limitadas, fondos de inversión etc. La proliferación de este tipo de instituciones y su preponderancia en la sociedad capitalista avanzada han socavado los cimientos de la responsabilidad individual tal y como había sido entendida en el pasado. Una institución -Lehman Brothers o Bankia, por ejemplo - puede ser acusada y condenada por fraude sin que ninguna persona física asuma responsabilidades civiles o penales. Además los máximos accionistas de las grandes corporaciones suelen ser sociedades constituidas por otras sociedades que, ensambladas al modo de la muñecas rusas, hacen prácticamente imposible identificar a las personas reales que se esconden detrás de las siglas.
Una sociedad moralmente saludable debiera hacer coincidir la persona moral y la persona jurídica porque la única responsabilidad real es la individual. ¿De qué sirve hacer responsable de una mala praxis a una institución si esta puede disolverse o declararse en quiebra y sus antiguos dueños continúan en disposición de montar nuevas sociedades, nuevas tapaderas para sus fechorías? La responsabilidad de una persona jurídica no física es sólo civil -nunca penal: no puede encarcelarse una sociedad- y muy limitada pues termina con el fin o disolución de la sociedad, lo cual es muy habitual como saben millones de desempleados españoles. O sea que, en la práctica, las personas jurídicas no físicas no son responsables de sus actos; y no estamos hablando de unos actores cualquiera, sino de los actores protagonistas. Toda la economía mundial se mueve, por tanto, en virtud de la voluntad y los intereses de “personas” irresponsables.
Urgen medidas jurídicas y políticas que impidan que algo semejante vuelva a ocurrir y entiendo que el sentido ético de estas medidas ha de estar encaminado a potenciar la responsabilidad de las personas reales, especialmente aquellas con cargos importantes, como los consejeros delegados de las grandes compañías e instituciones financieras. Para ello no es preciso, pienso, complejas reformas políticas y jurídicas sino más bien podar y simplificar: acabar con todo el andamiaje legal que permite operar a las grandes corporaciones en la más absoluta impunidad. No creo que sea tan complicado, los dueños de las sociedades o corporaciones deberían estar perfectamente identificados y responder por los daños que sus compañías pudieran ocasionar. Esta exigencia de responsabilidad, que es una exigencia ética más que política, entiendo que puede y debe ser asumida tanto desde el liberalismo como desde el socialismo. Una sociedad que no exige responsabilidades a los ciudadanos, especialmente a sus ciudadanos más eminentes, deviene más pronto que tarde en un estercolero moral.
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